Hoy se ha presentado en la Mesa General el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria.
El citado anteproyecto recoge en el Artículo 2 Complemento de carrera profesional, la regulación del complemento de carrera profesional destinado a retribuir la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal y fija la cuantía de la segunda categoría (2º nivel de carrera profesional) a todos los funcionarios Públicos del Principado de Asturias, excepto a los funcionarios docentes.
Hace falta remontarse al año 2007, de puesta en marcha de la llamada carrera profesional, para entender cuál es el grado de olvido del Principado respecto de sus docentes y a los años siguientes para entender qué Organizaciones Sindicales boicotearon sistemáticamente la aplicación del llamado Plan de Evaluación, lo que no impidió que los cuadros de esas organizaciones se inscribieran al mismo, mientras que el personal sanitario adquiría el nivel máximo con sus consiguientes beneficios económicos.
Para el personal docente, que en 2009 carecía del necesario Estatuto Docente, se establecieron unas cuantías equivalentes en el denominado “1er Plan de Evaluación Docente”, que tuvo traslado a la Ley del Principado de Asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, aprobada por la Junta General del Principado de Asturias.
En noviembre de 2016, tras la celebración de una Mesa de Negociación del Principado de Asturias en la que ANPE está presente como miembro de FSES (Federación de Sindicatos de Enseñanza y Sanidad), la Administración del Principado se comprometió “a no tomar ninguna medida discriminatoria para los docentes”, afirmación que ahora es desmentida por el anteproyecto comunicado.
ANPE, como sindicato mayoritario del sector docente y firmante del 1º Plan de Evaluación docente, denuncia que con esta medida el Principado propicia una discriminación flagrante del personal docente y establece distintas categorías de trabajadores en función de la Consejería en la que presten sus servicios.
Por ello, ANPE exige que se den los pasos necesarios para la efectiva incorporación del personal docente al 2º nivel del Plan de Evaluación y se dote la partida presupuestaria necesaria, al igual que se incluye para otros funcionarios del Principado. Recordemos que se trata de una adhesión voluntaria y que la evaluación del desempeño de la tarea docente, caso de ser superada, genera un derecho económico como complemento de productividad.
El Gobierno del Principado incumple sistemáticamente el Estatuto Básico del Empleado Público, en vigor desde hace más de once años, y más concretamente, el Capítulo II del Título III, regulador del “Derecho a la carrera profesional y promoción interna. La evaluación de desempeño.”
Sólo este último concepto, la evaluación de desempeño, parte de la carrera horizontal, ha sido desarrollada por el Principado de Asturias, pero el resto de las modalidades integrantes de la carrera profesional del personal docente del Principado, sigue pendiente de implantación.
Así, contra el mandato del Estatuto Básico del Empleado Público, al momento actual los docentes del Principado de Asturias carecen de regulación alguna y no se prevé la instauración de una carrera horizontal, de una carrera vertical, de promoción interna vertical y promoción interna horizontal, modalidades todas ellas, de la carrera profesional.
Salvo la evaluación de desempeño, mínima parte de la carrera horizontal, nada se ha desarrollado en el Principado de Asturias en el ámbito docente para cumplimiento de los preceptos del EBEP relativos a la carrera profesional.
La discriminación de los funcionarios y personal laboral docente de la Administración del Principado es, así, flagrante.
Como recientemente hicimos con las sentencias promovidas por ANPE que permitieron la adhesión del personal interino a la evaluación de desempeño, en contra de la enconada voluntad de la Administración, hoy, los servicios jurídicos de ANPE están trabajando en la demanda que permita que los docentes tengan el mismo complemento que el resto de funcionarios y se cumpla lo mandatado por el Acuerdo de 5 de noviembre suscrito por el Gobierno del Principado y las organizaciones sindicales ANPE y UGT, por el que se pacta, en su cláusula 5, que “el Gobierno del Principado de Asturias se compromete a que la evaluación de la función docente siga un recorrido paralelo, en sus plazos y cuantías económicas, al previsto para la carrera profesional que en su caso se establezca para el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias, hasta la plena implantación de la carrera profesional de los funcionarios docentes”.
Debemos de evitar el agravio y el conflicto, ante esta flagrante e incomprensible discriminación a los 11.000 profesionales de la Enseñenaza Pública, que tiene su origen en el incumplimiento por el Gobierno del Principado del mandato contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público y del Acuerdo de 5 de noviembre de 2009.
